Reunión con el consejero de políticas sociales, familias, igualdad y natalidad

Una delegación de la Junta Directiva de la Federación, integrada por el presidente Daniel Bueno, el vicepresidente Enrique Arribas y la vocal Miriam Poole, mantuvieron una reunión el 1 de diciembre con D. Javier Luengo Vicente, consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, que estuvo acompañado por Dª Ana Sastre Campo, directora general de Infancia, a fin de trasladarle la felicitación por su reciente responsabilidad y transmitirle las preocupaciones del sector acerca de la evolución del sector en esta Comunidad.

La Junta Directiva expresó al consejero su total predisposición para colaborar con la administración autonómica para seguir mejorando el sistema de protección a la infancia, especialmente respecto a la posibilidad de evolucionar en el futuro hacia un modelo de concertación social que garantice la satisfacción de las necesidades de niños, niñas y adolescentes a través de una atención de calidad, profesionalizada y especializada. En este sentido, se planteó la necesidad de dialogar sobre la tipología y especialización de recursos existentes, para lo que se hace necesario revisar en profundidad la Orden 613/1990, de 6 de noviembre, de la Consejería de Integración Social, por la que se desarrolla el Decreto 6/1990, de 26 de enero, del Registro de Entidades que desarrollan actividades en el campo de la acción social y servicios sociales en la Comunidad de Madrid. Con 30 años de antigüedad, esta Orden no recoge de forma adecuada, a juicio de FEPJJ, las necesidades actuales que tienen los niños, niñas y adolescentes atendidos.

Finalmente, la Federación también transmitió la necesidad de reflexionar sobre el actual modelo de contratación pública, pues al no establecer valoración sobre los elementos que configuran técnicamente la calidad y experiencia en la atención que se presta, provoca un desincentivo de la innovación y mejora cualitativa de la intervención socioeducativa, y limita estrechamente los procesos de concurrencia pública a una fundamentación económica.

Por parte del consejero y la directora general se mostró disposición para abordar de forma más exhaustiva estos y otros temas, tanto directamente como a través del Consejo de Atención a la Infancia y Adolescencia.