La Junta Directiva de la Confederación de Empleadores Sociales Sin Ánimo de Lucro (CESSLE), de la que forma parte la FEPJJ, mantuvo en Madrid el pasado 8 de septiembre una reunión con Maravillas Espín, directora general de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El encuentro tuvo como objetivo presentar la Confederación y exponer las cuestiones más relevantes que afectan a las entidades del tercer sector, tanto en el ámbito laboral como en los mecanismos de colaboración con las administraciones públicas.
En esta primera toma de contacto, los responsables de CESSLE explicaron cuáles son las áreas de actividad de la organización (dependencia, acción e intervención social, protección de menores, justicia juvenil, ocio y tiempo libre) y su papel tanto en la negociación colectiva sectorial como en la articulación de fórmulas de economía social en estos ámbitos, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de atención que sitúe en primer plano los derechos de las personas en riesgo de exclusión.
Juan Vela, presidente de CESSLE, puso de manifiesto durante la reunión la importancia de construir un espacio de coordinación intersectorial ante los problemas que atraviesan las entidades del tercer sector que gestionan servicios de atención a las personas. Además, reivindicó una mejora en los instrumentos de colaboración público-privada que garantice la adecuada financiación de este tipo de servicios y permita hacer frente a los requerimientos de la última reforma laboral. En este sentido, Vela destacó la necesidad de que la normativa referente a subvenciones, contratos y conciertos sociales permita convertir en gastos elegibles aquellos derivados de procesos de extinción de relaciones laborales.
Asimismo, los representantes de CESSLE propusieron que los contratos y conciertos sociales dispongan de mecanismos de revisión de precios automatizados y vinculados a la evolución de la negociación colectiva, de forma que se dignifiquen y mejoren las condiciones laborales de las personas que trabajan en estos sectores sin hacer peligrar la viabilidad de las entidades. En este marco, se pidió el apoyo de la Dirección General en una propuesta para eliminar la limitación que establece la Ley 2/2015 a los contratos públicos, así como para elaborar una normativa básica de concertación social que garantice un tratamiento equivalente en esta modalidad de colaboración público-privada.
Al finalizar la reunión, CESSLE y la Dirección General establecieron los temas prioritarios sobre los que trabajarán de forma conjunta a lo largo de los próximos meses, intentando buscar soluciones efectivas a los problemas que se plantearon.