Tras una reunión con la presencia de la FEPJJ, APIME, CCOO y UGT, se acordó remitir por tercera vez una solicitud de reunión a Mónica Oltra, vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, a fin de obtener información directa sobre los motivos del retraso en la contratación pública, tanto en el ámbito de los centros socioeducativos de medidas judiciales como en el de centros de protección.
La mayoría de estos centros se encuentran en situación de resarcimiento por enriquecimiento injusto, al haber superado las prórrogas máximas que permiten los pliegos administrativos y la Ley de Contratos del Sector Público, y se enfrentan además a la obligación de afrontar incrementos salariales de entre el 9% y el 10,4% el próximo 1 de julio de 2021.
Para hacer frente a esta situación, la Conselleria se comprometió mediante un acuerdo con las entidades representativas del sector, suscrito el 10 de diciembre de 2018, a que “a la mayor brevedad saldrán las licitaciones y los trabajadores y trabajadoras podrán equipararse rápidamente”, situación que no solo no se ha producido, sino que se ha incrementado el nivel de incertidumbre sobre el momento en que ello será posible. Cabe destacar que el acuerdo firmado en 2018 fue a propuesta de la Conselleria, por lo que las entidades representativas del sector se muestran preocupadas por la ausencia de información clara y precisa sobre el procedimiento para hacer frente a tales compromisos.
La información solicitada ya fue objeto de un primer requerimiento en el mes de julio de 2020, y de un segundo requerimiento en octubre de 2020, que no han obtenido respuesta hasta la fecha.